Los gobiernos nacional y provinciales se encuentran ante un importante desafío, sin duda alguna. Llevar adelante la gestión pública frente a la emergencia sanitaria por el COVID 19 y la subsiguiente recesión económica, representa un obstáculo mayor e inédito. El reto de responder a la emergencia, sin embargo, tiene un fuerte condicionamiento ajeno a los factores epidemiológicos.
Hay un hito que marca un antes y después en la gestión de las medidas ante la pandemia: se trata de la proximidad electoral. Sabemos bien que el hecho de la pandemia es central en la opinión pública y, sobre todo, en la agenda electoral. Por esto, las medidas sanitarias que se toman desde un tiempo hasta estos días, se encuentran fuertemente condicionadas por la expectativa electoral.
Esto no sólo afecta a la dinámica oficialismo-oposición, sino que son cartas que también se juegan hacia dentro de las distintas coaliciones. Tanto dentro del Frente de Todos como Juntos por el Cambio, la disputa por el liderazgo se ve atravesada por la dicotomía entre medidas estrictas y las medidas aperturistas, que apelan a la responsabilidad individual. En esta disputa, los mandatarios nacional y provincial se han visto más afectados que las figuras políticas sin cargoselectivos. Es el caso de Patricia Bullrich, cuya imagen supera a la de las principales figuras nacionales del Frente de Todos y, también, a la de las figuras de su propia coalición.
Un sector de la dirigencia política ha tomado nota de la evaluación social negativa de las medidas sanitarias más efectivas, su efecto en la actividad económica y la manera que esto afecta al gobierno nacional. Viendo este panorama, los gobiernos de Mendoza, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba han elegido un camino distinto, alejándose de las medidas nacionales. En el caso de Buenos Aires, inclusive llegando a la confrontación y la judicialización.
La confrontación frente a un tema de tanta sensibilidad como el de la asistencia presencial a clases, ha sido un acierto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en términos de la opinión pública. Nótese que otros gobiernos como el de La Rioja o Tucumán, que mantuvieron la presencialidad y lo hicieron de manera no confrontativa, no tuvieron los mismos resultados.
Esta estrategia aperturista, no obstante, es la de mayores costos en la dimensión objetiva, con mayores contagios, casos con cuidado intensivo y fallecimientos. Esta es una realidad que no todos los mandatarios pueden afronar, dado el estado del sistema de salud y la capacidad del subsistema de cuidados intensivos. Mientras los que han avanzado en esa dirección, logran reducir los costos políticos a partir de una estrategia de minimización del impacto subjetivo, manteniendo una gestión comunicativa proactiva y precisa.
En lo que se refiere a comunicación, sin embargo, todos los liderazgos políticos se vieron perjudicados frente a la ausencia de respuestas claras ante la incertidumbre que plantea la pandemia. Ninguno de ellos -comenzando por el Gobierno Nacional- ha hilvanado exitosamente una narrativa sobre el futuro próximo, concepto que ha desaparecido del discurso, en momentos que la ciudadanía demanda certezas sobre lo que vendrá.
Algunos de los mandatarios, como Rodríguez Larreta, recrean discursos acerca de “volver a la normalidad”, sin embargo, la expectativa social es otra. Lo cierto es que antes de la pandemia, muchas de las familias argentinas habían sufrido el desempleo y la reducción de sus ingresos. La ciudadanía no quiere volver a esta vieja normalidad. Este es el nudo que aun no han enfrentado los liderazgos políticos.
